La crisis que nunca se fue, la pandemia que llegó y los cambios y desequilibrios que se extienden por todo el entramado económico y social, presentan una visión desoladora de nuestra sociedad. La protección del consumidor vulnerable es todo un reto para los gobiernos que deben abordar las necesidades actuales de las personas consumidoras y definir las nuevas políticas de consumo.
El Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero pretende fortalecer la confianza y toma de decisiones de los consumidores, así como la protección eficaz de sus intereses en las relaciones de consumo en situaciones de especial vulnerabilidad. Por primera vez se incluye en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras la figura de la persona consumidora vulnerable, que deberá ser objeto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como de empresas privadas en las relaciones de consumo.
En primer lugar el Real Decreto-Ley modifica el concepto de consumidor vulnerable y establece que “tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de consumo, aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.”
La crisis sanitaria no viene más que a empeorar una situación económica ya debilitada por diversas circunstancias que abarcan distintos grupos poblacionales.
Las personas mayores son uno de los grupos más numerosos de consumidores en España. Según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de enero de 2020, hay 9.278.923 personas de 65 o más años para un total de población española de 47.332.614, lo que supone un 19,6 % del total de la población. Las personas mayores se enfrentan a barreras relacionadas con la edad, el estado de salud o nivel sociocultural, prejuicios y estereotipos asociados a la edad. Factores estos que condicionan sus relaciones de consumo, por ejemplo, respecto al consumo On line, puesto que el uso de internet de forma frecuente por personas de entre 65 y 74 años se sitúa por debajo del 60 %, muy lejos del 83,1 % del total de la población mayor de 16 años, de acuerdo con datos del INE.
Merece especial atención la situación de los menores 16 años, colectivo más afectado por el riesgo de pobreza relativa según la encuesta de condiciones de vida.
La Nueva Agenda Europea del Consumidor, alerta de la sensibilidad de los menores en cuanto a la publicidad y prácticas comerciales agresivas; la menor capacidad de reconocer el peligro puede entrañar riesgos para su salud o seguridad. De ahí la necesidad de adoptar medidas de educación permanente, formación y sensibilización.
De igual modo, las familias monoparentales, encabezados por mujeres en un 81 % de los casos, afrontan necesidades que los sitúan en una posición de desigualdad en las relaciones de consumo. El 46,8 % de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social y tienen una tasa de pobreza infantil quince veces superior a la media.
Estos grupos, por sus características o circunstancias, requieren una mayor protección que garantice la toma de decisiones en las relaciones de consumo, el acceso a los productos, bienes y servicios, a una información clara y fácil de manejar. El éxito de las políticas de protección a las personas consumidoras vulnerables, radica en la capacidad de prevención, identificando a los colectivos con mayor riesgo, e identificando las causas que provocan la situación de vulnerabilidad.
Con esta finalidad, se refuerza la normativa de forma que toda información a incluir en la oferta comercial dirigida a personas consumidoras vulnerables, sea en términos claros, comprensibles, veraces y en un formato fácilmente accesible, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses.
Consumidor Vulnerable
Personas de avanzada edad con un bajo nivel de digitalización
Personas con diferentes discapacidades con dificultades para el acceso a la información.
Personas del mundo rural con accesos limitados o sin acceso a servicios,
Personas con escasa formación a la hora de formalizar contratos.
Niños, niñas, adolescentes y personas adultas jóvenes con dificultades durante su etapa formativa para acceder a recursos tecnológicos,
Niños, niñas, adolescente y persona adultas jóvenes ante la publicidad que puede afectarles por su menos capacidad para detectar el peligro
Personas con intolerancias o alergias alimentarias que necesitan información adicional a la hora de hacer la compra o comer fuera de casa.
*Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
